LE COMPETE AL GOBIERNO: INVERSIÓN PRIVADA Y CRECIMIENTO

Amadeo Bustos San Martín

Una política pública que fomente la inversión privada en los sectores productivos, para lograr un crecimiento y desarrollo económico, exige el ejercicio de la autoridad, mas que del poder.

Todo gobierno que ejerce su poder, por legítimo que este sea, está falto de autoridad.

La autoridad implica hacer progresar el sector privado con base en una coyuntura de intereses para el bien común, y su consecuente habilidad para influir por parte del gobierno en los agentes de la inversión, que representan, las personas físicas o morales que se agrupan en los sectores económicos, primarios, secundarios o terciarios, para aceptar las políticas públicas creadas ex profeso y detalladas en un plan de crecimiento y desarrollo económico.

Y es que cuando se habla de crecimiento y desarrollo económico en un pueblo, normalmente se alude a una acción que, el Gobierno en turno, debe realizar en pro de quienes le han elegido para administrar los recursos por un periodo de tiempo. En efecto éste –el Gobierno– tiene mucho que ver en el ejercicio del presupuesto anual destinado en una Nación, Estado o Municipio, siempre en apego de la normatividad vigente dependiendo de la materia que se trate, obra pública, cultura, deporte, medio ambiente, etc.

No obstante, existe un tipo de inversión que en la suma final de los esfuerzos suele ser el motor de un pueblo, al margen de las acciones realizadas por los buenos o malos gobierno y el uso eficiente o no de los recursos considerados en su presupuesto anual: La Inversión privada.

La inversión privada es aquella que realizan personas que no pertenecen al sector público, y buscan generar una ganancia futura. Es decir, es la cantidad de dinero que los particulares ponen en una actividad económica –servicios, agricultura, comercio, etc–, para crear un crecimiento del capital –dinero – invertido en un lapso de tiempo, creando con ello por efecto directo; la generación de nuevas oportunidades de empleos, un mercado permanente de oferta y demanda en el sector productivo, mejora en infraestructuras, servicios, y por lo tanto un incremento en la actividad económica de la comunidad. En consecuencia, un crecimiento económico en corto plazo y un desarrollo en el largo plazo del Pueblo.

Quienes invierten desde el sector privado se convierten en agentes de crecimiento y desarrollo económico de un pueblo, siendo complemento, de las inversiones realizadas por los gobiernos, y en muchos casos, el pilar fundamental para que exista una transformación por completo del entorno de los ciudadanos, mejorando su calidad de vida en todos los aspectos.

La inversión privada en lo que va del año del 2020, según las fuentes oficiales ha representado cerca del 83% del total de inversión, mientras que el sector público ha sido del 17% restante, por ello la importancia de resaltar y reiterar que, la participación de los ciudadanos con una actividad económica establecida, bien sea como persona física o mediante la personalidad jurídica que se adapte a su necesidad de inversión, es pieza clave para lograr un crecimiento y desarrollo económico para un pueblo.

La política pública en este sentido, debiese ser, alentar, apoyar y establecer condiciones suficientes, para que existan, cada vez más, personas que apuesten a circular su dinero en actividades económicas que permitan coadyuvar con las acciones de gobierno y no lo contrario.

En todo caso, sólo permitir que la inversión privada crezca sola; sin un intervencionismo que provoque un efecto adverso al crecimiento y desarrollo económico, con decisiones centralistas, que en la distancia parezcan mas tendientes al capricho, que basadas en un fundamento legítimo, por la adolescencia de estrategias en materia económica, que solo terminan por minar las actividades existentes, sin consideración del activo más importante de un pueblo y que representa literalmente la vida del mismo; sus ciudadanos.

Que un Gobierno le apueste al sector privado, sobre todo si viene de los ciudadanos que están asentados en la Nación, el Estado o Municipio, según sea el caso; permite no solamente cumplir el objetivo primario de la tarea de gobernar –siendo este, llevar a cabo la elaboración de políticas públicas beneficiando a una ciudadanía que representa y la consecuente administración de los bienes y recursos públicos asignados temporalmente– si no también fomentar la inversión privada, creando políticas y condiciones que favorezcan a los empresarios e industriales para que éstos decidan instalar sus empresas e industrias y de esta manera generar empleos y circulante económico.

El circulante económico es sin dudar, el indicador más objetivo de que un pueblo está en crecimiento y desarrollo; la inversión privada y el ciudadano que tiene poder adquisitivo –dinero en el bolsillo – es la amalgama que permite crear más y mejores condiciones que incremente la productividad en los sectores económicos, primarios, secundarios y terciarios, así como la tenencia de servicios públicos con la calidad que los ciudadanos requieren.

Ahora bien, el sector privado debe organizarse para poder desarrollar eficientemente sus actividades y ser propositivo ante la ausencia o desconocimiento de una política pública en materia de inversión privada, no sólo al calor de un momento de restricción o condición de indefensión por un mandato.

La formalidad de las acciones, debe estar acompañada de un planteamiento suficiente y amplio en virtud de la necesidad presente, y futura, así como del nivel de inversión y compromiso pretendido para aportar que, como consecuencia de la inversión total, resultará en un beneficio en la sociedad, derivado de la inversión pública y privada, representando un interés público y que en efecto ayude así al Gobernante en turno con su tarea.

Es el ciudadano en lo particular o colectivo, quien se debe organizar, formalizar y estructurar como un persona o grupo de inversión privada dependiendo del sector que corresponda, y de esta manera, planear, proponer, proyectar y presentar una política de crecimiento económico y desarrollo privada, que lleve como consecuencia a exigir; por su resultado e impacto social y el valor económico creado –y no por otros medios–, las acciones que en su caso se pretendan solicitar ante la autoridad en turno, bien sea por sumarse al trabajo aceptablemente realizado hasta el momento, o por carecer el Gobierno de los medios, modos, formas, visiones o capacidades para responder a una ciudadanía en franco crecimiento y desarrollo.

Los ciudadanos son quienes eligen a sus gobernantes y si bien en términos generales, existe un abstencionismo aproximado del 40%, una elección por la mayoría –con independencia del resultado, al margen del proceso y preferencias electorales, considerando dicho proceso, solo como una condición para elección de gobernantes en turno – obliga de manera responsable y consciente al ciudadano de a pie, a sumarse desde el papel que le ha tocado representar, siendo opositor o partidario del régimen, con la constante de la productividad económica.

La productividad económica debe conformarse, en la masa social, como una constante que es y será siempre la de mayor importancia. Misma que se ve reflejada en una inversión privada, en franca mayoría contra la inversión pública y, por lo tanto, resulta ser, el indicador más representativo en el crecimiento y desarrollo económico de la comunidad en la cual se vive.

En la medida del ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por Qué? pero sobre todo ¿Con Cuánto? se involucra el sector privado con los objetivos del Sector público, en función de su relación simbiótica –y sólo en y dentro de ésta– se podrá presumir la existencia de un Gobierno con Autoridad que, en cumplimiento de su papel social –como Nación, Estado o Municipio – permite a sus ciudadanos ser partícipes directos de las decisiones como parte de sus activos vitales y económicos más importantes, asumiéndose, así como Republicano y Democrático.

Amadeo Bustos San Martín